Los gobernantes que duermen, ¡¿pagan alquiler?!

Ante el silencio de los políticos respecto al descontento que existe a raíz de los altos precios de los alquileres, algunos medios ya hacen ecos de los rumores que se escuchan en las calles y  pasillos.  Tal es así que, el domingo 22 de febrero, Página 12 publicó un informe de Andrés Asiain y Lorena Putero, refiriéndose al problema habitacional[1].
Además de brindar datos contundentes de la realidad social, al mencionar que existe un “déficit habitacional, (de) el 24 por ciento de las viviendas de la CABA, unas 341 mil casas y departamentos, se encuentra vacío”, pone en énfasis algunos de los fundamentos que tiene la economía tradicional, y así explicar la formación de precios, reitero, en términos de la teoría economía tradicional. Lo hacen al decir:
                    “ante un exceso de oferta de viviendas (casas vacías), éstas bajarían de precio hasta permitir que quienes precisen una vivienda puedan acceder a ella. Así se corregiría el mal funcionamiento del mercado inmobiliario, que genera viviendas vacías por un lado, y hogares con problemas habitacionales por el otro. Esta situación da cuenta de la existencia de un alto porcentaje de inmuebles que no son adquiridos por sus propietarios para habitarlos o ponerlos en alquiler, sino tan sólo para mantenerlos deshabitados como un instrumento de conservación de sus ahorros. La utilización de la propiedad como un instrumento de ahorro provoca un comportamiento disfuncional del mercado de viviendas en cuanto a solución del problema habitacional”, que es verdadero desde ese punto de vista. Ahora bien, la solución debe tener en cuenta, no solamente un argumento económico, sino un reconocimiento histórico, social, político y cultural.
Primero y principal, el problema habitacional es parte de una cadena, que va desde la propiedad de la tierra urbana, pasando por el sector de la construcción, los propietarios del inmueble, la empresa de (burbujas) inmobiliarias, hasta que llega al inquilino. Las situación de hacinamiento, es un tema aparte; la situación de calle, también, y es último eslabón de la cadena, como me confesó Horacio Ávila, autor de “La calle no es un lugar para vivir” (2014).
Entonces, si hablamos del problema de los altos costos de los alquileres, ponemos otra hipótesis en cuestión, además de la que nombran en Página: es decir, no solamente se compra una vivienda como una manera de ahorro, sino que también se lo utiliza para vivir de la renta. La renta en su forma de alquiler, no es una obligación que tiene el propietario. Entonces, es una acción violenta que impacta directamente a otro grupo: los inquilinos, que son asalariados, en el mejor de los casos, o trabajadores sin sueldos fijos.
Como resultado, la forma dominante que adquiere la vivienda es, como dice David Harvey en su libro “Ciudades Rebeldes”, una “forma secundaria de explotación”. Y, asegura que dicha forma “siempre ha sido vital para la dinámica general global de la acumulación capitalista y la perpetuación del poder de clase”. Entonces, lo que hay que proponer es una acción política económica concreta. Donde se contemple la necesidades de los propietarios (aquel que tiene una casa como ahorro, una más de la que habita; no al usurero que vive de la renta de cientos de casas, explotando el salarios de decenas de hombres y mujeres, y deteriorando así la calidad de vida, cultural y social). Y las inmobiliarias (que tienen que comenzar a ser obsoletas, pues no es necesario la intermediación, pues, además se sabe que éstos hacen que se eleve más aún el costos final del alquiler). Pero fundamentalmente al inquilino, que además tiene que tener la posibilidad de proyectar tener su casa propia.
Esto último, viene a cuento puesto que el problema de la vivienda particular, no debería solucionarse como planes sociales o viviendas sociales, pues ser propietario de una casa, o no, debería ser  una opción. Pero eso pareciera impensado, pues es poco racional vivir toda una vida pagando elevados alquileres, como lo es por estos días, donde para alquilar un techo se utiliza más del 40% y hasta el 50% de los montos percibidos por el trabajador, dependiendo el sueldo básico de las provincias. El problema de la vivienda se soluciona dejando de tener casas ociosas, pero para eso se necesitan cambios de ideas políticas al respecto. Una maduración institucional y social que haga honor al artículo 14 bis de la Constitución, donde  se da carácter de Derecho a la vivienda.    






[1] Ver nota en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-8298-2015-02-27.html